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Denuncia clara contra la Ley de la Cadena Alimentaria: «no funciona y perjudica a las cooperativas y a sus socios, agricultores y ganaderos»

El pulso de las nuevas protestas del campo, tras los acuerdos alcanzados por una parte del sector agrario con el Gobierno, ha llegado a Andalucía donde se ya prepara un calendario de movilizaciones que, tras la tregua de la Semana Santa, se empieza a reactivar en algunas provincias. Tal es el caso de Córdoba, que realizará una nueva acción de protesta este miércoles, día 24 de abril en la que estará presente Cooperativas Agro-alimentarias, que se ha mostrado tajante al señalar que la Ley de la Cadena Alimentaria «no funciona y perjudica a las cooperativas y a sus socios, agricultores y ganaderos».


Según declara el presidente de la federación, Fulgencio Torres, en el centro de estas nuevas movilizaciones hay varias reivindicaciones, entre ellas, la Ley de la Cadena Alimentaria. Una norma muy esperada en el sector pero que, tal y como está concebida, “se ha constatado que no funciona, pues la realidad del mercado demuestra que no sirve para resolver los problemas de rentabilidad de las explotaciones”.


Además, recalca que a las cooperativas les supone más burocracia y una situación de desventaja competitiva frente a otras empresas, ya que sólo los clientes de las cooperativas están obligados a inscribir los contratos alimentarios, lo que, a priori, ya genera rechazo. Por esta razón, la federación regional exige “corregir urgentemente esta normativa”, en base a las siguientes motivaciones.


En primer lugar, la medida estrella de esta ley, que se aplica a nivel nacional, es que prohíbe la compra de los productos españoles por debajo de sus costes de producción. Y es aquí donde está su primer escollo, pues, “¿quién define cuáles son esos costes?”, pregunta el responsable de la entidad.


En este sentido, explica que, dentro de un mismo sector productivo, por ejemplo el olivar, “los costes varían mucho dependiendo de la eficiencia en los recursos, el tipo de cultivo y suelo o la gestión de las explotaciones”. Así, “no tienen los mismos costes productivos un agricultor de olivar tradicional y otro de olivar superintensivo”, apostilla el presidente. Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía insiste en que, para que esta ley sea realista, en primer lugar, debe integrar unos costes de producción aplicables a todos los productores de cada sector.

En segundo lugar, para que la Ley de la Cadena funcione, “los productos importados no deberían venderse por debajo de los costes prefijados para los productos españoles”, y esto “no se está cumpliendo”. Un ejemplo claro está en la leche de cabra. Así, pese a que España ha sido históricamente líder europeo en producción láctea, países como Holanda están poniendo en riesgo este liderazgo. De hecho, la leche holandesa se vende mucho más barata que la leche española, razón por la que las industrias lácteas españolas se están proveyendo de leche holandesa para la elaboración de quesos, cuyas importaciones no paran de crecer, mientras que las explotaciones caprinas andaluzas se ven abocadas al cierre al no poder dar salida a su producción.

“¿QUIÉN PAGARÁ A LOS PRODUCTORES QUE NO PUEDAN VENDER SU PRODUCTO POR LA APLICACIÓN DE ESTA LEY?”

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recuerda que los productos cooperativos compiten en un mercado europeo y mundial, donde también acceden agricultores de terceros países que producen con unas normas mucho más laxas. En España, debido a la exigente normativa de seguridad alimentaria, los costes de producción, siempre van a ser más altos que en otros países que no están obligados a cumplir las mismas reglas en materia ambiental, laboral y social. Por tanto, puede darse la paradoja que, debido a esos mayores costes de producción, un kilo de tomates, por ejemplo, de Almería, se venda a un precio mínimo de 0,60 euros; mientras que los tomates de Marruecos, -que no están sometidos a esta Ley-, se vendan en los mismos mercados a 0,30 euros el kilo.



En tal caso, “¿Qué tomates serán los que comprarán las cadenas de distribución?”, se pregunta Fulgencio Torres, quien presupone un claro perjuicio para los agricultores almerienses. “¿Qué haremos entonces con los tomates de Almería?”. “¿Quién pagará a los productores que no puedan vender su producto por la aplicación de esta Ley?”, lamenta el presidente de la organización.


Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía exige que, para que esta ley sea realista y útil al sector, “debe integrar unos costes de producción aplicables a todos los productores de cada sector concreto, evitar que se vendan productos llegados de otros países por debajo de esos costes prefijados por el ministerio y establecer mecanismos de compensación para aquellas campañas en las que no se pueda vender porque los precios no alcancen ese nivel”.

Mientras que estos requisitos no se incorporen al texto, la federación advierte que seguirá rechazando esta Ley de la Cadena, al tiempo que seguirá trabajando para que sus 641 cooperativas adheridas y sus más de 297.000 agricultores y ganaderos asociados, obtengan el máximo valor de mercado por sus producciones, productos de la máxima calidad y seguridad alimentaria, que son sostenibles y que mantienen vivos los núcleos rurales.


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