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El Gobierno y las comunidades autónomas hacen balance del primer año de aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común

El órgano de coordinación ha repasado los principales elementos de la gobernanza del plan, así como el alcance y el cronograma de las modificaciones a introducir a lo largo de 2024

Se han debatido igualmente novedades importantes de la nueva PAC, como el informe anual de rendimiento y el plan de evaluación


El órgano de coordinación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), del que forman parte el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas, ha hecho hoy balance de su primer año de aplicación durante una reunión en la que también se ha tratado el cronograma de las modificaciones a introducir a lo largo de 2024.

 

El órgano de coordinación tiene como principal misión asegurar la coherencia entre las actuaciones de los diferentes niveles administrativos y garantizar la adecuada coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas, así como facilitar el seguimiento, análisis y debate de todos los aspectos relacionados con la aplicación del Plan Estratégico

 

En la reunión, presidida por el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, se ha analizado el desafío de poner en marcha la reforma de la PAC en un año marcado por circunstancias esternas adversas como la invasión rusa de Ucrania y la sequía. El análisis se ha centrado en valorar si se avanza adecuadamente en la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico en las tres vertientes de la sostenibilidad, económica, social y medioambiental.

 

En relación con la sostenibilidad económica, los primeros datos disponibles refuerzan el papel crucial que tienen las ayudas a la renta en la estabilidad de los ingresos de las explotaciones agrarias, y reafirman la decisión de haber asignado el 61% del presupuesto de las ayudas directas a estas intervenciones. Los datos muestran igualmente la importancia del pago redistributivo para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones.

 

En cuanto a la sostenibilidad social, los datos de solicitud del pago complementario a jóvenes agricultores y agriculturas de la campaña 2023 son similares a los de la campaña 2022, a pesar del significativo incremento de las ayudas, lo que indica la necesidad de mantener los esfuerzos para alcanzar el objetivo marcado de relevo generacional e incorporación de mujeres, tanto en el primer como en el segundo pilar.

 

Por su parte, los datos de solicitudes de las ayudas asociadas, que con carácter general han estado por debajo de las cantidades planificadas, principalmente por los efectos de la sequía y el incremento de costes, confirman el papel clave de estos apoyos para la viabilidad y sostenibilidad de los sectores elegidos.

 

En el análisis realizado se constata que la combinación de la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y los compromisos agroambientales de desarrollo rural, han supuesto un avance significativo en la ambición medioambiental de la nueva PAC. 

 

Así, a través de los ecorregímenes, se han realizado prácticas beneficiosas para el medio ambiente en más de 19 millones de hectáreas -el 87 % de la superficie solicitada en la campaña de la PAC-, por parte de tres de cada cuatro agricultores que han solicitado ayudas. Estos datos muestran, según se ha analizado, el adecuado diseño de los ecorregímenes con carácter general, ya que han supuesto un importante incremento de las superficies con cubiertas en cultivos leñosos, con 2,4 millones de hectáreas, frente a 1,3 millones de hectáreas antes de la entrada en vigor de la nueva PAC. Así mismo, la superficie cultivada en siembra directa ha pasado de 850.000 hectáreas a 1,3 millones, mientras que en la que se aplican prácticas para la mejora de la sostenibilidad de los pastos ha alcanzado 6,7 millones de hectáreas, frente a los 4,8 millones de hectáreas que percibían el pago verde.

 

Destacan también la solicitudes de producción ecológica para 2 millones de hectáreas, muy por encima de la cifra planificada de 1,1 millones de hectáreas.

 

Estos datos confirman, según ha destacado el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, que se sigue el camino adecuado para conseguir los objetivos establecidos en el Plan Estratégico, aunque hay algunos ámbitos en los que es necesario un análisis más profundo y realizar determinados ajustes.

 

AJUSTES EN 2024

En la reunión se ha abordado también el alcance de los ajustes a realizar en el marco de gobernanza y el cronograma de este año 2024. El próximo 1 de marzo comenzará el diálogo informal con la Comisión Europea sobre las modificaciones del Plan Estratégico que deben entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Está previsto que la propuesta se remita formalmente a la Comisión Europea en verano, previo dictamen preceptivo del comité de seguimiento del Plan Estratégico y tras ser elevada a Conferencia Sectorial.

 

Las modificaciones en estos momentos se centrarán en ajustes técnicos, teniendo en cuenta que solo se disponen de datos de un año de aplicación y que las propuestas que reduzcan la ambición ambiental del plan o modifiquen sustancialmente la estrategia de intervención serán difícilmente asumibles por la Comisión y retrasarán o impedirán la adopción de cualquier otra modificación de primer o segundo pilar.

 

En la reunión también se han analizado dos cuestiones novedosas para el seguimiento de la PAC. La primera, la información que debe presentarse a la Comisión Europea a más tardar el 15 de febrero de 2024 en relación al primer informe anual de rendimiento, relativo al ejercicio financiero 2023. La segunda, el estado del plan de evaluación.

 

Fernando Miranda ha informado de que en la segunda quincena de febrero se convocará una reunión del comité de seguimiento del Plan Estratégico en la que se dictaminará el citado informe anual de rendimiento y se debatirán algunos de los aspectos tratados hoy con todos los agentes implicados en la aplicación de la PAC (representantes de las administraciones central y autonómica, organizaciones profesionales del sector agrario, mujeres rurales, organizaciones ecologistas, consumidores y redes rurales, entre otros actores). 

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